La Defensoría del Pueblo dice que emergencia humanitaria en el departamento del Chocó requiere intervención urgente por parte del Estado colombiano.
Además de los problemas sociales, para la Defensoría del Pueblo es claro que luego del acuerdo con la antigua guerrilla de las Farc, en Chocó se ha desarrollado una intensa expansión, reacomodamiento y disputa por parte de los grupos armados ilegales.
Las principales conductas vulneratorias sobre líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos se relacionan con amenazas, homicidios, desplazamiento forzado, confinamiento, extorsiones, desaparición forzada, restricción a la movilidad, violencia sexual, despojo de tierras, entre otra
Los principales grupos armados ilegales con presencia en el departamento del Chocó son el ELN, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también se reporta la presencia de estructuras armadas de alcance local como Los Chacales (en Bahía Solano), Los Colombianos y Los Mexicanos (en Quibdó), en contextos urbanos donde la violencia ha aumentado.
Como consecuencia de la confrontación de estos grupos armados ilegales, con corte al 13 de septiembre, la Defensoría del Pueblo tiene un reporte de 94 eventos masivos de confinamiento que han afectado a 27.701 personas de 6.641 familias, pertenecientes a 81 comunidades indígenas y 13 afrodescendientes.
También se han registrado 18 eventos de desplazamiento forzado, 11 en comunidades indígenas y 7 en afrodescendientes, ocurridos en nueve municipios: Bagadó, Bahía Solano, Alto Baudó, Nuquí, Bojayá, Carmen de Atrato, Bajo Baudó, Medio San Juan y Litoral de San Juan. Ante esta grave situación han tenido que abandonar sus territorios unas 5.943 personas, de 2.311 familias. Además, se ha verificado el desplazamiento intraurbano de 209 personas en lo que va del 2021.
También fueron asesinados 15 ciudadanos en proceso de reintegración luego de la firma de paz, 7 de ellos en Quibdó. El año pasado asesinaron a 16 líderes sociales y este año ya van 4.
