Como presuntos responsables de exigir dinero a la ex compañera sentimental del representante legal de una empresa contratada, para tramitarle la actualización del registro presupuestal de una cuenta y así pagarle la obligación convenida, el jefe de presupuesto de la Gobernación de Chocó, Exehomo González Bermúdez; y el contratista de la misma entidad, Héctor Armando Murillo Mosquera, fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario por el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Quibdó, con funciones de control de garantías.
Los funcionarios de 50 y 37 años de edad, respectivamente, capturados este 18 de noviembre por la policía judicial del CTI Seccional Chocó, fueron imputados por una fiscalía especializada como presuntos responsables del delito de concusión.
El proceso investigativo adelantado por el ente acusador se relaciona con las supuestas anomalías en el otorgamiento del registro presupuestal para la ejecución, liquidación y pago del contrato N°GDCH-0708-16-025 del año 2016 a la empresa Pacific Nautis S.A.S., que tuvo por objeto prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de la sesión ordinaria de la mesa departamental de participación efectiva de las víctimas en el municipio de Quibdó.
Los investigadores evidenciaron que los hoy encartados le habrían pedido $4’000.000 a la señora Yolanda Moreno Mena, expareja del representante legal de la citada firma, para realizar el trámite del registro presupuestal de la cuenta a pagarle por la ejecución del contrato.
La bancada de la defensa apelo la decisión, pero González y Murillo fueron trasladados a la Cárcel Anayanci de Quibdó, para cumplir la medida mientras avanza la investigación.
Cabe anotar que durante la audiencia, el fiscal de la Unidad de delitos contra la Administración Pública indicó que compulsará copias contra el Gobernador de Chocó, Giovanny Carlos Alberto Palacios, para que se investigue por la posible adjudicación irregular del citado contrato, pues se presume que el mismo era de
la señora Moreno Mena, pero como ella es docente al servicio de la Secretaría de Educación de Chocó, estaría impedida, por lo que el contrato salió a nombre de la empresa de su excompañero Hernán Salas Muñoz.