El secuestro
de Arnold Alexander Rincón López, director de la Corporación Autónoma Regional
para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), desde el pasado 26 de
abril, ha generado profunda preocupación no solo en su círculo cercano, sino también
en las comunidades de este departamento del Pacífico colombiano. Rincón,
reconocido como una autoridad ambiental y comunitaria por su defensa del
territorio, representa un eslabón fundamental en la protección de los recursos
naturales y la biodiversidad de la región.
El rapto de Rincón López,
quien ha dirigido Codechocó desde 2020, pone de manifiesto la creciente
vulnerabilidad de los defensores del territorio en el Chocó, una de las
regiones más biodiversas de Colombia. Codechocó, como una de las 33
corporaciones autónomas regionales del país, tiene la vital misión de
planificar, administrar y controlar los recursos naturales, así como de
conservar la rica biodiversidad local.
La situación de seguridad en
el Chocó para los defensores de los derechos humanos y del territorio es
alarmante. Según el informe de la organización Somos Defensores, el
departamento registró siete asesinatos de personas defensoras en 2024, lo que
representa un aumento del 600% en comparación con 2023. Este estudio señala que
Quibdó, la capital, ha sido escenario de disputas entre bandas criminales,
algunas de las cuales incluso participaron en espacios de negociación de la
Política de Paz Total en Colombia.
La Defensoría del Pueblo ha
intervenido en diversas crisis humanitarias provocadas por conflictos armados
entre grupos disidentes de las extintas FARC, el Ejército Gaitanista de
Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Entre 2021 y 2024, Somos
Defensores documentó un total de 44 agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos en la región, de las cuales 25 fueron asesinatos, catalogando
al Chocó como un foco de crisis humanitaria.
Astrid Torres, coordinadora de
Somos Defensores, advierte sobre el escenario de alto riesgo en el Chocó,
especialmente para aquellos que defienden el territorio, como las comunidades
indígenas, afrodescendientes, líderes comunitarios y activistas de derechos
humanos, quienes han sido los principales blancos de estos ataques.
Para Torres, la situación de
riesgo que enfrentan los defensores, e incluso las propias autoridades
ambientales, está ligada a las conflictividades socioambientales ya una
“depredación del territorio”, ante la falta de una respuesta contundente de la
fuerza pública o las entidades locales.
A pesar de este contexto de
violencia, tanto Escobar como Klinger, investigadores de la región, sostienen
que no existen antecedentes que pudieran haber advertido el secuestro de Rincón
o que permitiera relacionar directamente la agresión con su trabajo como
autoridad ambiental. “Creo más en la hipótesis de delincuentes que quieren
financiarse a través del secuestro porque si fuera por un tema de liderazgo
ambiental, hace mucho rato nos hubiera ocurrido algo a nosotros”, afirma el
investigador Klinger, quien ha estudiado de cerca la dinámica del territorio.
Hasta el momento, las
autoridades de Codechocó informaron que los captores de Rincón no se han comunicado
con ningún integrante de la corporación ni con sus familiares para exigir algún
tipo de pago por su liberación. Ante esta situación, Escobar se ha unido a los
llamados urgentes que han hecho los familiares y las autoridades para que los
secuestradores liberen a Arnold Alexander Rincón López.
El secuestro de Rincón López
resalta la necesidad imperante de garantizar la seguridad de quienes dedican su
vida a la defensa del medio ambiente y los derechos humanos en el Chocó.
