La Procuraduría General de la Nación requirió al gobierno
nacional garantizar los derechos fundamentales a la vida digna, al territorio,
la vivienda, la reparación integral, alimentación y multiculturalidad de la
comunidad de Pogue en Bojayá, Chocó.
La población cuenta a la fecha con 696 habitantes, entre
adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas y mujeres
embarazadas; quienes se reconocen como pertenecientes a la población negra.
El ente de control interpuso una acción de tutela con el
objeto de requerir la ubicación inmediata de esta colectividad, al verificar
que su territorio está en medio de dos ríos y colinda, además, con el río
Atrato, por lo que, viven en riesgo de inundaciones y deslizamientos; aún más
en las temporadas de lluvias y sin contar con una vía de acceso.
Aunque, se confirmó que los recursos designados desde julio
de 2022 ya han sido aprobados para el desplazamiento de esta población a un
lugar en condiciones dignas para vivir;
a la fecha aún siguen en el mismo lugar.
Adicionalmente, la entidad corroboró que el territorio no
cuenta con servicios públicos; la energía eléctrica es intermitente por medio
de una planta eléctrica y a la fecha, la atención en Salud y la educación es
precaria.
Asimismo, la Procuraduría delegada para Asuntos Étnicos
solicitó también a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
elaborar y ejecutar un plan de reparación integral y la indemnización
administrativa a las víctimas de este sector del país.
Finalmente, el organismo de control insiste a la inmediatez
de la respuesta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Vivienda, ciudad
y territorio ante el riesgo inminente de desaparición del colectivo étnico.
