El gobernador habría cometido irregularidades en la contratación directa de ayudas humanitarias para atender a la población víctima del conflicto armado en ese departamento, en el marco de la pandemia por covid-19.
La investigación del Ministerio Público reveló que en estos contratos, que tenían como objetivo la adquisición de los kits de ayudas, se habrían presentado sobrecostos y un detrimento patrimonial porque se hicieron pagos superiores a los que el mercado del lugar establecía. Al parecer, se habría pagado más de $ 84 millones de pesos, “dineros de los que se privó este departamento de invertir en una de las múltiples necesidades que tiene”, dijo la Procuraduría por medio de un comunicado.
Además, la investigación da cuenta que el ente territorial optó por contratar a una empresa que no vendía los productos requeridos, pese a que en el Chocó se encontraban proveedores dedicados a la venta de estos y que, además, los ubicaban en los sitios a entregar.
“A juicio del Ministerio Público, el gobernador tuvo la posibilidad de minimizar los costos o que, por lo menos, estuvieran ajustados a los valores reales de los bienes, con los que incluso podría haber abarcado un mayor número de beneficiarios pero, prefirió adjudicar sin justificación alguna el contrato a la cuestionada empresa. Además de cuestionar la experiencia del contratista, y el hecho de que en el negocio bilateral no se determinaron los municipios en los que se entregarían las ayudas”, explicó la Procuraduría.
El pasado 07 de septiembre, la Procuraduría abrió una indagación previa en contra de Palacios Calderón, por la afectación a más de 60.000 niños, niñas y adolescentes, al haber suspendido el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según el Ministerio Público, el alcalde habría omitido garantizar los servicios para los menores. De acuerdo con el ente de control, también se indaga al secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña Mosquera. La Procuraduría sostiene que en la segunda mitad de 2023, la operación del PAE en el departamento habría sido suspendida y que, a pesar de que los menores volvieron a sus actividades académicas desde julio y se comprometió a normalizar el PAE desde el 15 de agosto, no se han suministrado alimentos en 16 municipios.
