Cambios en la Fiscalía del Chocó, estarían ligado al escandalo de chuzadas de la casa de Nariño.

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 Mediante resolución 4013 del 02 de junio, Astrid Tocoroma Sarmiento, directora Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, encarga desde el día 5 de junio en la Fiscalía Seccional Chocó, al doctor José Ferney Ardila Vargas.

El antes mencionado llega en reemplazo de Andrés Mauricio Cabrera, quien se venía desempeñando en el cargo.
La salida del Fiscal Cabrera se da en medio del escandalo de las interceptaciones efectuadas a las empleadas de Laura Sarabia jefe de Gabinete del gobierno Petro.

El abogado Miguel Ángel del Río asumió la defensa de los cuatro miembros de la Dijín que fueron vinculados a la investigación de presuntas interceptaciones ilegales a Marelbyz Meza, exniñera de Laura Sarabia. Su teoría es que los engañados fueron los uniformados y las dudas se centran en la que entregó los números celulares.

“La Fiscalía que Interceptó ilegalmente a las dos empleadas de Laura Sarabia no cumplió el deber de verificación preliminar que exige la directiva 04 de 2021. No es cierto que el fiscal haya sido engañado. La fiscalía entrampa a la Dijin para afectar al gobierno”, señaló del Río a través de sus redes sociales.

El abogado parte de dos sospechas en el caso. La primera es que los números habían sido aportados por una fuente humana no formal que sostiene ya había participado como informante en la investigación contra alias Siopas con información que, al parecer, había sido contrastada por organismos judiciales y de inteligencia, como habrían consignado los miembros de la Dijín en el informe para solicitar la interceptación.

Del Río estableció que la solicitud se remitió al fiscal de Chocó que autorizó la interceptación, lo que ocurrió el 30 de enero de 2023. El informe presentado por los uniformados judiciales señalaba que se trataba de alias La Cocinera y alias La Madrina, quienes prestaban servicios para el cabecilla del Clan del Golfo en ese departamento del Pacífico.

El segundo hecho en el que se basa del Río, es que el 3 de febrero el analista de comunicaciones de la Dijín que estaba interceptando las líneas le notificó al patrullero que las personas chuzadas no tenían relación con la información de la fuente; es decir que no mostraban vínculos con la organización de alias Siopas. Aun así, se continuó la escucha por siete días más.

“En el caso de las interceptaciones, los funcionarios de la Dijin recibieron la información de una fuente del clan del golfo (conocida por la fiscalía de Quibdó) y dejaron consignado el reporte en un informe. La fiscalía duró 7 días más escuchándolos después que la Dijin informó”, escribió del Río.



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