La Corte Constitucional, en fallo de tutela, dejó sin efecto el pago de 6.200 millones de pesos que habían reconocido el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó.
La decisión se había tomado al resolver una demanda de reparación directa por la muerte de Juan Andrés Palacios Asprilla, de 15 años, quien se encontraba con medida de internamiento preventivo en el Centro Transitorio para Adolescentes del ICBF en Quibdó.
Los 6.200 millones de pesos se habían aprobado como indemnización a 54 demandantes, entre quienes estaban sus padres, hermanos y otros familiares y amigos.. La Corte Constitucional aceptó los argumentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La alta corporación falló en el sentido de que tanto el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó como el Tribunal Administrativo del Chocó vulneraron los derechos del menor
