Esta fue una de las frases que la Fiscal 46, María Migdonia Martínez, esgrimió en la sala de audiencias número 219 del complejo judicial de Paloquemao, de Bogotá, donde se desarrolla la audiencia contra el alcalde de Quibdó, Isaías Chalá Ibarguen y cuatro personas más, sindicadas de apropiarse de dineros destinados a la construcción de una Unidad Intermedia de Salud, en la capital del Chocó, donde miles de sus habitantes, especialmente en la Zona Norte, deben recorrer largas distancias para llegar a un centro asistencial.
Por Antonio Sànchez.
La letra menudita de la acusación hacia los cuatro implicados fue puesta sobre la mesa de la Juez 14 penal municipal con funciones de control de garantías. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para los cuatro sindicados. Mañana miércoles se definirá la libertad de los implicados.
Veamos:
1. La obra se inicia el 31 de agosto de 2017 y se suspende el 3 de diciembre de 2018.
2. En un acta, la 001, los encartados Emir Borja, contratista; César Augusto Mosquera, Interventor; y Rodolfo Pino, supervisor, modifican de manera sustancial, las cantidades de las obras, cuando éstas ya se habían pagado.
3. Dice la fiscalía que no se contó con un soporte técnico para esas reducciones de las cantidades de obras, y que tal comportamiento es contradictorio e incompatible con los planes aprobados por el municipio.
4. Acto seguido, y días más tarde, acuerdan suspender el contrato mediante acta en la que se invocan “razones baladíes” como que se trataba de fin de año y por consiguiente había disminución del trabajo.
5. Dice el ente acusador, que a la zona, “escenario del delito”, viajó el investigador de la fiscalía, de profesión ingeniero, Luis Eduardo Rodríguez Rozo, y se encontró con que, revisada la documentación que sirvió de base para liquidar el contrato, autorizaron pagar 300 millones de pesos por 10 mil metros cuadrados de descapote y, en el acta de modificación se cambió la denominación por tumba de árboles y limpieza, con lo cual se redujo a 5.282 metros cuadrados. Una inconsistencia total, ya que en el plano topográfico figuran 3.422 metros cuadrados.
6. Se pagó por concepto del cerramiento del área de trabajo la suma de 37 millones de pesos; de los 4 mil metros cuadrados, 468 metros cuadrados ya se habían pagado. Pero el investigador estableció que realmente fueron 690 metros cuadrados.
7. Frente a la excavación, en el acta de modificación quedó consignado el movimiento de 860 metros cúbicos de tierra; sin embargo, el investigador señaló que tan sólo fueron 462.
8. Frente al acero, el perito comprobó que de los 34 mil kilos que están consignados en acta por concepto del material de acero enterrado en la obra, solamente, se utilizaron 26.974.
“No es justo que hagan esto con el Chocó, una de las regiones donde la violencia y la pobreza no la dejan salir de su atraso”, dijo y, recordó la fiscal que hay otra unidad de salud en el Norte de la ciudad que inició construcción de obras sin el visto bueno del ministerio de salud.
9. En el concreto utilizado pasó lo siguiente: en el acta de modificación firmada por los encartados: contratista, supervisor y el interventor, la cantidad acordada fue de 59 metros cúbicos, luego se ajustó a 29 y el perito descubrió que fueron 24 metros cúbicos de concreto los utilizados. Sin embargo, fueron cobrados con el precio inicial de acuerdo al acta de modificación.
10. La fiscal advirtió en la sala, nutrida de familiares, amigos de los acusados y periodistas, que hubo una serie de irregularidades en los precios unitarios y que incurrieron en serias inconsistencias y sobrecostos: por ejemplo, de 30 mil pesos pagados por metro de descapote, la fiscalía señaló que el precio razonable es de 18 mil.
11. Respecto de los sobrecostos de la excavación, señaló la fiscal Martínez, que los precios del mercado por metro cubico son de hasta 13 mil pesos, sin embargo, acusó, se facturaron a 34 mil pesos.
12. La delegada de la fiscalía, manifestó que el contratista Borja no supo explicar por qué el segundo pago por la suma de 325 millones de pesos, se giró a un tercero que se llama Dayron Emilio Parra, persona que no hace parte del documento contractual, ni obra documento que lo vincule en forma alguna.
13. Glosa el ente acusador que fueron 406 millones de pesos los que se concentraron intencionalmente a base de actas. Configurándose un detrimento patrimonial. “Resulta inconcebible e inaceptable para la fiscalía que se pretenda incluir en el papel obras que no se realizaron y que se pagaron…Y que no se le exija al contratista la devolución del dinero que se le pagó demás.
Los abogados con sus respectivos asistentes, preparan la defensa de sus clientes, que se ha convertido en el caso judicial y político mas sonado del Chocó, en los últimos tiempos.
- Fueron cuatro certificaciones falsas que con puño y letra emitió el alcalde Isaías Chalá Ibargüen, y que se remitieron al Ministerio de Salud, en Bogotá, así:
a) Que la obra se encontraba acorde con los diseños.
b) Que las cantidades de obra correspondían a lo contratado en el proyecto.
c) Que los recursos invertidos estaban acorde con los respectivos avances de obra.
d) Que el proyecto cumplía con las normas vigentes que regulan este tipo de construcción.
Unidad Intermedia de Salud en ruinas y motivo del proceso judicial contra los cuatro implicados/ foto:archivo privado.
15. El ente acusador señaló que el Secretario de Infraestructura del Municipio de Quibdò, Juan de Dios Chaverra, en interrogatorio, contestó lo siguiente, luego de haberse liquidado el contrato: “Sí hicimos un acta de reinicio de la obra, se le solicitó al contratista que terminara las vigas expuestas, que no se le había pagado las vigas al contratista”. Lo que para la fiscalía, dijo su representante, es una gravísima irregularidad, toda vez que el contrato ya se había liquidado.
En su exposición, poco antes del final, y con la presencia de la representante del Ministerio Público, la fiscal Migdonia Martínez, resaltó el daño hecho al departamento del Chocó y en especial a Quibdó:
“Señora Juez, se invocó que el proyecto le resolvería las precarias realidades de salud a 18 mil desplazados por la violencia, que habitan en esa zona. Aquí se violó el bien jurídico, la fe pública y la confianza, en donde se dice que se invirtieron 1.226 millones de pesos y la obra no es sino ruina.
La funcionaria, acudió a los antecedentes del alcalde Isaías Chalá, para alertar a la presidente de la sala, en el sentido que el burgomaestre, tiene en curso otras implicaciones legales: peculados por apropiación, interés indebido en contratos, firma de contratos sin los requisitos legales, abuso de autoridad y fraude procesal, entre otros.
Sala de audiencias numero 2-91 del complejo judicial de Paloquemao/ foto: El AfroBogotano.
Solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario.
La fiscal motivó, aparte de lo anterior, entre otros, la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra los implicados, porque son un peligro para la sociedad y la vida, a futuro pueden obstaculizar el proceso. De estar en libertad, sostuvo: “están en riesgo el resto de los recursos, se acercan a la obra y a los documentos que aún están por allegarse a la investigación. No se ve otro medio que la detención efectiva para proteger la investigación”, subrayó la funcionaria.
La fiscal comentó además, que se quiso ocultar las verdaderas cifras, que el experticio técnico, “informó que no es cierto que se haya ejecutado la totalidad de las obras y que éstas coincidan con el pago realizado”. Insistió la funcionaria que se quiso favorecer a un particular para que se apropiara de una suma altísima de dinero, y que hay macro elementos probatorios del delito.
Le informó a la Juez, que hay 50 procesos licitatorios en curso en el municipio de Quibdó, y estar en libertad el alcalde, se colocan en riesgo los procesos de selección de contratistas, que deben ser cobijados por la diafanidad y salvaguardados como un crisol.
Una vez terminó el sustento, que en detalle está contenido en documento argollado en más de 2 mil folios, la señora juez trasladó la vocería a los señores defensores.
“Su señoría, en mi calidad de defensor del señor Isaías Chalá Ibarguen, de manera respetuosa , y de acuerdo al gran volumen del expediente, le solicito me conceda tres días para leer el acervo esgrimido por la señora fiscal y armar una defensa de mi cliente”, dijo el abogado José Ricardo Burgos.
De manera tajante la Juez se opuso. No obstante, ante el pedido de los otros tutores, Yuser Ortiz, Diego Felipe Gutiérrez y Juan Castellanos, la togada, a cambio de conceder en principio la tarde de ayer lunes, accedió hasta mañana miércoles a las dos de la tarde, para la continuidad de la audiencia.
Los abogados con sus respectivos asistentes, preparan la defensa de sus clientes, que se ha convertido en el caso judicial y político mas sonado del Chocó, en los últimos tiempos.
Delitos y cuantìa: Firma de contratos sin requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Cuantía de $4.944’395.314.
