Defensa del alcalde de Quibdó pide que se declare ilegal la captura

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Ricardo Burgos, abogado del alcalde de Quibdó (Chocó) Isaías Chalá Ibargüen, solicitó formalmente a la juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que declare ilegal la captura.

El jurista considera que existe un conflicto de intereses al haber trasladado tanto al alcalde como a los otros tres contratistas a la ciudad de Bogotá, luego que las detenciones se hubieran efectuado en la capital del departamento de Chocó y que los hechos que están siendo investigados ocurrieron en esa región del pacífico colombiano. 
“La Fiscalía General de la Nación debe trasladarse para la legalización de captura, imputación y solicitud de medida a la ciudad donde fueron capturados, además porque allá ocurrieron los hechos”, sostuvo Burgos.
También aseguró que hubo irregularidades en los procedimientos efectuados por los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación. 
“Hay procedimientos irregulares, esto es lo que siempre pasa con la Fiscalía que en el afán de hacer unas capturas inmediatas. Todos los defensores esperamos los mismo”, indicó el abogado.
Precisó que también “se equivocaron en las horas, en las fechas, en las cédulas, en que las personas son capturadas entre las 12 y la 1 de la tarde y les permitieron hablar con su abogado hasta las 9 de la noche, cuando llegan a Bogotá”.
Por su parte, los otros tres abogados de los detenidos que fueron identificados como Cesar Augusto Mosquera Hurtado, Emir Parra Palacios y Rodolfo Nelson Córdoba Pino, también solicitaron que se declare ilegal las capturas. 
El alcalde de Quibdó, Isaías Chalá Ibarguen, tendrá que responder por los delitos de contrato sin requisitos, interés indebido celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público. 
El alcalde de  la capital chocoana es investigado por las presuntas irregularidades que habrían rodeado la construcción de lUnidad Intermedia de Salud El Caraño. 

El contrato tuvo un valor cercano a los cinco mil millones de pesos. La Fiscalía señala que el mandatario habría entregado directamente este contrato a dos empresarios.

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